¿Qué es una iniciativa de ley?
La necesidad de educar a las nuevas generaciones es algo tan antiguo que nadie recuerda cuándo dio inicio. En todos los países -cualquiera que sea su religión, situación económica o cultura- existe una preocupación constante por transmitir a las y los niños y jóvenes el conocimiento universal que la sociedad ha asimilado a lo largo de los milenios. Por eso, la Ley Fundamental, es decir, la Constitución de nuestro país ordena que todas las mexicanas y los mexicanos tenemos derecho a la educación. Bien, tomemos este tema tan importante para explicar cómo una necesidad social puede convertirse en una ley. Para ello, partamos de la suposición de que en nuestro país no existiera una ley que ordenara que la educación fuera obligatoria e imaginemos que uno de estos días, por primera vez, a alguien dentro del Congreso de la Unión se le ocurre que la educación de las y los niños y jóvenes debe ser obligatoria.
Hagamos de cuenta que una integrante del Senado, pongámosle por nombre Carmen Navarro, toma la palabra en una sesión del Periodo Ordinario, y dirigiéndose a sus compañeras y compañeros de la Cámara les lee la siguiente propuesta: "Los invito a que hagamos una ley que diga que la educación en México debe ser obligatoria."
La senadora Carmen Navarro ha propuesto lo que llamarnos una iniciativa de ley (la palabra iniciativa viene de la palabra inicio, es decir, es el comienzo de una posible regla para todos). Nuestra iniciativa de ley se ha originado, por escrito, en la Cámara de Senadores. Y, a pesar de la sorpresa que ha provocado en todos, tal vez llegue a ser aprobada. Si lo es, irá a la Cámara de Diputados para que la revisen. En ese caso se dirá que la Cámara de origen de la iniciativa fue la de Senadores y que la Cámara de Diputados actuó como Cámara revisora. Lo mismo podría haber sido, al contrario, si la Cámara de Diputados hubiera creado la iniciativa de ley, esta habría sido la Cámara de origen y la otra, la Cámara revisora. Cabe aclarar que, por mandato constitucional, algunas leyes deben iniciarse en la Cámara de Diputados, tal es el caso de las que se refieren a impuestos, empréstitos y reclutamiento de tropas.
Volvamos con la senadora Carmen Navarro. Antes que nada, imaginemos el ambiente que la rodea. La Cámara de Senadores es un recinto con espacio para mucha gente. Frente a la inmensa cantidad de asientos (que en la Cámara de Senadores se llaman escaños y en la de Diputados curules) hay una especie de escenario alto donde están sentadas algunas personas. Son los miembros de la Mesa Directiva de la Cámara. Un senador aparece en la puerta. Se le hizo tarde y llega cuando ya está empezada la sesión. Pero, aun así, no toma uno de los asientos más cercanos, sino que busca a ciertos compañeros de partido y silenciosamente avanza hacia ellos para sentarse.
¿Qué son los Grupos Parlamentarios?
Dentro de la Cámara, sus integrantes se dividen en Grupos Parlamentarios (parlamento es otra forma de Congreso). Estos grupos están formados por legisladoras y legisladores del mismo partido político y se sientan juntos. Al unirse en grupo se ayudan para estar mejor informados y organizados. Cada grupo parlamentario tiene un coordinador que lo representa. Así, cuando se discute una iniciativa de ley, ese coordinador hablará en nombre de todas y todos, si ese fuera el caso, quienes integran su Grupo Parlamentario.
Como ya dijimos, al oír la propuesta de la senadora Carme Navarro, sus colegas se sorprenden: ¿La educación, obligatoria? El rumor corre por la sala y la aceptación de la idea va siendo cada vez mayor. Parece que a todos les gusta la propuesta. Sin embargo, el Presidente de la Mesa Directiva toma la palabra y les aclara: Les recuerdo que antes de ser aprobada la propuesta se deben respetar ciertos pasos. Y todos saben que se refiere al Proceso Legislativo. Para empezar, la iniciativa de la senadora Navarro debe ser analizada por una de la Comisiones legislativas.
¿Qué son las Comisiones legislativas?
Las Comisiones Legislativas son grupos de trabajo en los cuales se reúnen las y los legisladores para estudiar a fondo las iniciativas de ley. Hagamos un alto para describir esas Comisiones. Cada Cámara tiene las propias y están integradas por legisladoras y legisladores de los diferentes partidos políticos. Estos legisladores tienen la responsabilidad de estudiar las iniciativas de ley que se hayan originado en la Cámara o que hayan llegado a ella.
También, deben discutir todo tipo de asuntos relacionados con el tema de cada iniciativa y de hacer cambios a estas si es necesario. Después, deben escribir un documento con toda la información que hayan podido averiguar y con las conclusiones de la discusión, llamado dictamen. El dictamen legislativo incluirá la opinión que la Comisión tiene acerca de la iniciativa en cuestión, es decir, si debe ser aprobada o no.
Cada Comisión se especializa en un tema. Hay una serie de temas que tratan tanto las Comisiones de la Cámara de Diputados como las de la Cámara de Senadores. En el Senado existen muchas comisiones, algunas de ellas son las Comisiones de Administración; Defensa Nacional; Derechos Humanos, de la Ciudad de México; Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Justicia; Relaciones Exteriores; Turismo, etcétera.
Tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados existe una comisión muy importante denominada Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Su función es discutir acerca de la forma en que está organizada la Cámara y proponer nuevas normas que modernicen la labor de sus miembros. Estas propuestas a veces se convierten en leyes que rigen a varias generaciones de legisladores.
Por su parte, en la Cámara de Senadores hay una Comisión Jurisdiccional que se encarga, por ejemplo, de investigar los casos en que las y los servidores públicos cometen algún delito y si es necesario someterlos a juicio, así como intervenir en los procedimientos de responsabilidad de las y los servidores públicos. Esta Comisión estudia toda la información que exista al respecto y da su opinión sobre lo ocurrido y el castigo que la o el servidor público debe recibir.
Cuando una Comisión -sea la que sea- necesita información, tiene derecho a solicitarla a cualquier servidor público, empresa pública o dependencia del Gobierno. Es muy común que las y los servidores públicos (incluso de alto nivel, como los secretarios de Estado) acudan a las Cámaras a brindar información a la Comisión que se la haya solicitado.
Entonces, siguiendo las reglas estrictas para que una iniciativa se convierta en ley, la iniciativa de la senadora Carmen Navarro es enviada a la Comisión de Educación. De este modo, las y los senadores de esta Comisión reciben la propuesta de la senadora Navarro e inician un proceso de análisis.
Para empezar, se preguntan sobre todo tipo de asuntos relacionados con el tema: ¿existe ya en otros países la educación pública obligatoria?, ¿cuánto costará al gobierno un proyecto de este tipo y cómo debe estar organizado para que funcione?, ¿existen los maestros suficientes para dar educación a tantos miles de niños y jóvenes?, ¿cuáles son los programas educativos que más han funcionado en otros lugares del mundo?, ¿qué opinan filósofos, pedagogos y científicos sociales acerca de la enseñanza pública?, ¿cambiará la vida de las familias cuando las y los niños vayan a la escuela? En fin, muchas preguntas son importantes cuando se trata de crear una nueva ley.
La investigación acerca de estas preguntas puede ir acompañada de alguna discusión. Por ejemplo, ante la pregunta: ¿Hasta qué grado de estudios debe considerarse obligatoria la educación?, puede haber diferentes opiniones. El senador del partido AAA piensa que la educación debe ser obligatoria solo para las y los niños. El del partido BBB dice que debe obligarse a todos a hacer una carrera técnica o universitaria. El del partido CCC opina que ciertas ocupaciones no se aprenden en la universidad y que, por lo tanto, solo debe ser obligatorio estudiar hasta la preparatoria. Entonces, otro senador del partido AAA lo rebate argumentando que la preparatoria -tal como su nombre lo indica- es una forma de prepararse para los estudios universitarios. Finalmente, la Comisión concluye y elabora el dictamen.
I. ¿Cómo se llevan a cabo los debates y las votaciones?
Imaginemos que el dictamen de la Comisión de Educación, después de investigar y discutir, concluye que la iniciativa presentada por la senadora Carmen Navarro es buena y debe aprobarse, determinando que será obligatorio para toda la población estudiar solo la primaria.
La Comisión entregará entonces el dictamen aprobatorio a la Mesa Directiva de la Cámara y comenzará el proceso de discusión en el Pleno (es decir, con todos los legisladores). Si hay quorum, se inicia la lectura del dictamen entregado por la Comisión. Terminada la lectura, las y los senadores ya tienen la información para comenzar a debatir. Primero, se discutirá sobre la idea general de la iniciativa, es decir, la que afirma que "El Estado tiene la obligación de brindar educación a todo el pueblo y el pueblo tiene el derecho a recibirla". Por eso se dice que el dictamen será discutido y votado en lo general.
Toda discusión en la Cámara tiene su procedimiento. Para empezar, la o el Presidente de la Mesa Directiva hará dos listas, una con los nombres de aquellos que están de acuerdo con el dictamen y otra con los nombres de los que están en contra y quieran emitir su opinión. Cuando las dos listas estén completas, uno por uno, las y los senadores comenzarán a hablar (por cierto, no lo harán desde los escaños, sino que subirán a la tribuna donde está la Mesa Directiva).
Los discursos no pueden exceder de cierto tiempo y nadie podrá interrumpir a la o al expositor mientras esté hablando.
Tampoco nadie podrá ponerse a discutir con él en forma de diálogo porque ¡sino las discusiones serían eternas y llenas de malentendidos!
- Dijiste tal cosa.
- No dije eso.
- Pues yo lo oí.
- Oíste mal.
Todo esto está prohibido. Y si dos integrantes del Pleno quieren discutir entre ellos tendrán que hacerlo cuando se concluya la sesión.
Pero lo cierto es que en el caso de la iniciativa de la senadora Carmen nadie ha querido hablar en contra. Así, como no hay oradores que la desaprueben, la o el Presidente de la Mesa Directiva propone que el dictamen se someta a votación. Bastará que, del total de senadoras y de senadores, uno más de la mitad vote a favor para que lo aprueben (aunque hay asuntos que requieren las dos terceras partes para su aprobación). Sin embargo, todas y todos, sin excepción, votan a favor del dictamen y de esa manera -por unanimidad- es aprobado. Pero no olvidemos que en este primer paso las y los senadores han votado solo a favor de la idea general de la iniciativa, es decir, la han aprobado en lo general.
Ahora falta que aprueben también cada una de sus partes. La segunda etapa de la discusión tratará sobre puntos particulares del dictamen. Uno de ellos, ya la hemos mencionado, propone que solo los estudios de primaria sean obligatorios.
De nuevo se elaboran dos listas: una de oradores a favor y otra de oradores en contra. Comienza el debate. Numerosos oradores y oradoras consideran que la educación primaria no es suficiente, y cuando llega la votación en lo particular, más de la mitad de las y los senadores desaprueban la propuesta.
Entonces, el punto acerca del grado de estudios vuelve a ponerse en manos de la Comisión de Educación y Cultura para que lo revise y haga una nueva propuesta. Unos días después, el dictamen vuelve al Pleno de la Cámara. Ahora, la Comisión sugiere que el grado de estudios obligatorio sea primaria y la secundaria. Pasan los oradores a la tribuna y cuando terminan comienza la votación. En esta ocasión casi todos aceptan el cambio: la iniciativa de ley queda aprobada.
Por fin, tanto en lo general como en lo particular, la educación primaria y secundaria serán obligatorias en México.
Se ha dado ya el primer paso para que la propuesta de la senadora Carmen Navarro se convierta en una ley que rija en todo el país ¿El primer paso? Sí. Recuerda que la iniciativa de la senadora Navarro surgió en la Cámara de Senadores y que, por lo tanto, esta funcionó como Cámara de origen de la ley. Ahora, es necesario que el dictamen aprobado pase a la Cámara de Diputados (que funcionará como Cámara revisora) para someterlo a análisis y votación, siguiendo el mismo procedimiento realizado en la Cámara de Senadores. De ser aprobado ahí ¡entonces sí!, el dictamen se habrá convertido en Ley. Después, para que esta Ley sea conocida por todas las mexicanas y los mexicanos será necesario mandarla al Ejecutivo, es decir, al Presidente para que, si no tiene observaciones, la publique en el Diario Oficial de la Federación.
Para conocer la manera como se hace una ley hemos tomado el ejemplo imaginario de una ley que dicta que la educación primaria y secundaria deben ser obligatorias.
Sin embargo, es necesario precisar que esta ley sí existe e incluso que tanto la educación básica, que comprende la inicial, preescolar, primaria y secundaria, como la educación media superior, son obligatorias. Esta ley se denomina “Ley General de Educación”, siendo una de las más importantes de nuestro orden jurídico y es originada en el artículo 3o. de Constitución, el cual dice: “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, (sic) conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”. Además, la Ley dice cosas como que la educación que impartirá el Estado será laica (es decir, no se enseñará ninguna religión), gratuita, democrática, nacional, contribuirá a la mejor convivencia humana, y muchas otras cosas.
Como se ha dicho, la Constitución es la ley más importante que hemos escrito las mexicanas y los mexicanos a lo largo de nuestra historia. Sabemos que la Constitución que actualmente nos rige fue escrita en 1917, pero ¿esto quiere decir que lo escrito por los revolucionarios hace casi un siglo sigue siendo igual en nuestros días?
¿Podemos hacerle cambios a nuestra Constitución?
La Ley Suprema de nuestro país no siempre ha sido igual. Ya anteriormente cómo tuvieron que ocurrir guerras y escribirse diversas constituciones y leyes para que, finalmente, se lograra diseñar y construir la Constitución de 1917, misma que actualmente nos rige como país, pueblo y nación. Aunque la idea y el texto general de la Constitución se ha conservado hasta nuestros días, la misma Constitución prevé un procedimiento especial para que pueda ser adicionada o reformada y eso es lo que se ha hecho, pues siempre será necesario que las leyes se vayan adecuando a la realidad social.
Sin embargo, crear una nueva ley constitucional o modificarla, en su caso, es algo especialmente delicado. Las normas constitucionales son reglas que rigen a todo el país y no se les puede tocar sin consultar a cada uno de los estados de la República si están de acuerdo con los cambios. Pues muchas veces una pequeña modificación constitucional provoca una gran cantidad de ajustes en otro tipo de leyes más específicas.
Esta es justamente una de las diferencias que existen entre los procedimientos para crear o modificar una ley ordinaria y reformar la Constitución. Siguiendo con el ejemplo de la ley que habla sobre la educación obligatoria: ya sabemos que deriva de una ley constitucional; ahora imaginemos que quiere hacerse cambios a la Constitución; una reforma o una adición, es un decir, cambiarla o agregarle algo nuevo. Para hacerlo deberá seguir el proceso que ya describimos: la iniciativa será analizada y votada en una Cámara de origen y después pasará a la otra Cámara para ser revisada. Para que sea aprobada una modificación o adición de este tipo, será necesario que el voto aprobatorio sea, al menos, de dos terceras partes del total de legisladoras y legisladores presentes en cada una de las Cámaras.
Sin embargo, como se trata de una iniciativa de reforma o adición constitucional, el proceso no acabará al ser aprobada en la Cámara revisora, sino que será sometida a la consideración de cada uno de los Congresos estatales. Y solo si la mayoría de estos la aprueban (17), la iniciativa podrá pasar a formar parte de nuestra Ley Suprema.
¿Qué son las leyes reglamentarias?
¿Recuerdas todas las preguntas que tuvo que hacerse la Comisión de Educación cuando recibió la iniciativa de ley propuesta por la senadora imaginaria Carmen Navarro? Si las respuestas a todas esas preguntas quedaran de alguna forma plasmadas en la ley -una vez que fuera aprobada-, ésta acabaría siendo un documento demasiado largo. Sin duda, tendríamos dificultades para leerlo no sólo por su extensión sino porque nos costaría trabajo distinguir lo esencial de lo secundario.
Debido a lo anterior, las leyes -que señalan lo esencial de las normas- muchas veces son complementadas por otro tipo de leyes secundarias que entran más en detalle y nos explican con precisión cada uno de los principales puntos. Estas leyes que atienden asuntos secundarios se llaman Leyes Reglamentarias.
Así, por ejemplo, otra vez podemos imaginar que sería posible crear una Ley Reglamentaria para que en la Ley General de Educación quedara puntualizado que en las escuelas deben respetarse los derechos humanos de las y los niños; que los conocimientos de ciencia impartidos deben estar aceptados por la comunidad científica de todo el mundo; que las y los niños deben recibir una educación física y hacer deporte, etcétera. Los puntos que trata una ley reglamentaria pueden ser muy numerosos, solo deben cumplir con una condición: no contradecir en ningún aspecto ni poner en duda lo que dice la norma constitucional a la que reglamentan.
¿Qué es un decreto?
A veces, en lugar de escuchar hablar o comentar sobre una iniciativa de ley o sobre una ley, escuchamos la palabra decreto o iniciativa de decreto. En este caso es fácil confundirse ya que estos términos (ley y decreto) son, por lo general, utilizados indistintamente. Es decir, en ocasiones, las leyes son llamadas también decretos. Pero en el fondo sí existen diferencias entre estos y hay que conocerlas.
Mientras que una ley trata temas de interés común e implica la generalización y la permanencia (es decir, es aplicable para todos, sin excepción y sin límite de tiempo), el decreto es solo relativo a determinados tiempos, lugares, corporaciones o personas.
En pocas palabras, mientras que la ley se considera siempre una disposición de carácter general, el decreto puede ser un acto particular.
Un caso muy común son los decretos que se expiden para dar autorización al Presidente para salir del país. Cada vez que el titular del Ejecutivo es invitado a visitar otro país, ya sea para asistir a una reunión con otros presidentes o para acordar alguna relación económica o política con otra nación, si su ausencia excediera de siete días, deberá solicitar autorización al Senado de la República, el cual, después de seguir el procedimiento del que ya hablamos, le concede el permiso a través de un decreto.
Pero pongamos ahora un ejemplo para explicar cómo ciertos problemas locales (que afectan a poca gente) son resueltos mediante decretos.
¿Has oído hablar de la mariposa Monarca? Es una especie en extinción que, año con año, llega a nuestro país y se instala en algunos bosques de los estados de México y Michoacán. Pues bien, para darle protección a estos hermosos seres, hasta hace unos años estaba prohibido cortar árboles en esos bosques.
Sin embargo, recientemente se ha tenido que crear un decreto que reconsidera esa prohibición ¿por qué motivo? Resulta que cuando uno de esos árboles se enferma tiene que ser derribado pues de otra forma puede contagiar con su enfermedad a los otros árboles, incluso a los de los bosques vecinos. Ello afecta obviamente a las mariposas y también a la gente del lugar. Como ves, los decretos son disposiciones legislativas que se aplican a casos muy concretos, pueden tener vigencia solo durante cierto tiempo y dentro de un espacio específico.
Ahora bien, hemos insistido en este espacio sobre el hecho de que el Poder Legislativo es el principal generador de las leyes, pero existen casos de excepción contemplados en la Constitución que otorgan al Poder Ejecutivo facultades para legislar en casos extraordinarios que exijan soluciones urgentes.
Por ejemplo, si el país es invadido por un ejército extranjero, no habrá mucho tiempo para reunir al Congreso de la Unión y resolver el conflicto. En un caso como ese, la Constitución autoriza al Presidente de la República a crear normas que todos deben acatar; por ejemplo, en una circunstancia como esa el Presidente puede indicar que, para evitar riesgos, nadie salga de sus casas después de las seis de la tarde (normalmente nadie puede impedimos salir a la calle en el momento en que queramos). Este tipo de normas que impone el Presidente -sin que el Congreso de la Unión legisle previamente- llevan por nombre decretos.
Otro ejemplo es la posibilidad de contagio por una epidemia grave en el país, como lo ocurrido con el coronavirus SARS-CoV-2, el cual produce la enfermedad llamada COVID-19 y que incluso se convirtió en una pandemia por sus efectos a nivel mundial. En ese caso, el Presidente tiene el derecho de imponer -mediante un decreto- las medidas sanitarias necesarias para hacer frente a la enfermedad. Es importante precisar que el Poder Ejecutivo cuenta con estas facultades extraordinarias para legislar en caso de emergencia, y, posteriormente, estas medidas deben ser revisadas por el Congreso de la Unión.
¿Qué es un reglamento?
Los reglamentos son normas que crea el Poder Ejecutivo de la Federación para cumplir una de sus múltiples funciones. ¿Cómo está eso? Ya hemos visto que la tarea del Presidente es crear las condiciones necesarias para que todos podamos cumplir con la ley. Porque, ¿cuál sería la utilidad de que la Constitución estableciera la educación como obligatoria si faltaran maestros y escuelas o no hubiera calles para que las y los niños pudieran llegar? ¿o de qué serviría que hubiera maestros, escuelas y calles si los autos o camiones para ir al colegio chocaran unos con otros por falta de reglas de tránsito?
¿Te das cuenta? La labor del Presidente es sumamente complicada, pues para conseguir el cumplimiento de una ley debe llevar a cabo numerosas acciones, muchas más de las que quizá imaginaron las y los legisladores cuando discutieron y aprobaron esa ley.
Para eso existen los reglamentos. Y ya que hemos hablado del transporte que nos lleva a la escuela mencionemos que, en efecto, existe un reglamento para regular el tránsito en las calles y carreteras del país. ¿Has oído hablar de él? Es justamente el Reglamento de Tránsito. Cada vez que alguien se sube a un auto echa a andar no solo el motor, sino también todo su conocimiento de las reglas que hay que respetar al transitar por las calles. Sabe que debe poner mucha atención a los otros autos, a las señales de tránsito y a las y los peatones. Y si alguien infringe una de las normas es castigado. De otra forma, ¿cómo se podría avanzar?
Por su parte, también las y los peatones deben tener cuidado. Y por eso... ¡también para ellos existen reglamentos! De hecho, existen reglamentos para casi todo: el ancho de las banquetas está reglamentado; la presencia de árboles y plantas en las avenidas también lo está; el mantenimiento del drenaje; las paradas de autobús; los anuncios publicitarios encima de los edificios. En fin, con solo detenemos en una esquina de una ciudad y voltear a nuestro alrededor podemos mencionar mil cosas reglamentadas. ¿Qué será si recorremos los miles de kilómetros que forman nuestra República?
Los reglamentos son las normas más detalladas de nuestra vida en convivencia. Ellos rigen nuestros comportamientos cotidianos y nuestras relaciones sociales y profesionales con otras personas. Sin embargo, no olvidemos que, a final de cuentas, los reglamentos son disposiciones basadas en las leyes supremas, es decir, las que procuran nuestro bienestar como miembros de una sociedad.
Como hemos visto, hacer o modificar una ley es una tarea que requiere de la participación y de la inteligencia de mucha gente, y es una labor complicada que implica cumplir con una serie de pasos, todos ellos muy importantes: la presentación de una iniciativa en la Cámara de origen, el análisis de esta por una Comisión especializada, la elaboración de un dictamen, el debate en el pleno de la asamblea y la votación; pasos que se repiten en la Cámara revisora para que, finalmente, una iniciativa pueda convertirse en ley.
Hemos visto, también, que existen leyes ordinarias, leyes constitucionales, leyes reglamentarias, decretos y reglamentos. Todas estas normas integran nuestro orden jurídico y nos permiten vivir bajo un Estado de Derecho. ¿Qué significa esto? que las y los mexicanos debemos vivir y actuar de acuerdo con las leyes y que contamos con leyes que protejan nuestros derechos y que nos obliguen a cumplir con nuestros deberes.
¿Para qué sirven las leyes?
Podemos terminar este texto diciendo que para vivir armónicamente en sociedad todos necesitamos cumplir con ciertas reglas, es decir, actuar de acuerdo con las leyes que nos rigen; pero también para que una sociedad sea justa, libre y democrática tienen que existir leyes que determinen nuestros deberes y derechos.
En nuestro país, la Constitución Político es la ley suprema que organiza nuestra convivencia en sociedad. Ella nos dice cómo debemos comportarnos, vivir juntos en nuestro territorio y encontrar soluciones a nuestros problemas. También nos indica la manera como debe funcionar nuestro gobierno.
La Constitución apunta que todos los mexicanos y mexicanas somos libres y que podemos decidir cómo nos queremos gobernar (por eso -como ya vimos- se dice que la soberanía reside en el pueblo). También explica que en México ningún individuo es más importante que otro y que, por lo tanto, no puede haber esclavos ni nobles. Los derechos humanos reconocidos en la Constitución están garantizados para todas las personas, las cuales, sin excepción, pueden pensar, decir, oír, escribir o hacer lo que deseen siempre y cuando al hacerlo respeten los derechos de los demás.
Gracias a estas leyes, las y los mexicanos tenemos libertad de expresión y derecho a la información (es decir, podemos solicitar que los periódicos, la radio y la televisión nos digan la verdad de lo que sucede en México y en el mundo). Otra de nuestras libertades importantes -establecida en la Constitución- es la libertad de escoger nuestro trabajo, nadie puede imponernos un empleo en contra de nuestra voluntad.
Asimismo, gozamos de libertad de creencias. Cualquier persona que se encuentre en territorio mexicano puede elegir su religión o no creer en ninguna. Nadie tiene derecho a imponérsela. Y para acentuar esta diferencia entre la convivencia social y política y las creencias religiosas de cada uno, la Constitución separa completamente las actividades del Estado de las de las iglesias. Por ejemplo, ningún sacerdote de ninguna religión puede ser gobernante. Además, la educación que imparte el Estado es laica. A cambio, el gobierno se compromete a no intervenir de ninguna manera en la actividad de las iglesias.
Por la Constitución tenemos derecho a la seguridad: podernos vivir tranquilos pues está prohibido que la gente use la violencia para resolver conflictos o reclamar sus derechos.
Así también, por la Constitución, ninguna autoridad debe actuar en contra de nuestra salud, de nuestra libertad o de nuestra propiedad: antes de privar a alguien de sus posesiones o de meterlo en prisión se le debe realizar un juicio.
Además de estas leyes que protegen nuestros derechos como personas, la Constitución también ordena cuáles son los derechos y obligaciones que tienen las y los mexicanos como miembros de una sociedad. Así como los derechos humanos nos muestran que todas las personas son importantes; los derechos sociales nos recuerdan que vivimos en sociedad: este tipo de derechos señalan las obligaciones que tiene el gobierno sobre todo con los grupos más desprotegidos: campesinos, trabajadores, pueblos indígenas, mujeres y la infancia.
En la Constitución se garantiza que las y los trabajadores gocen de condiciones justas: por ejemplo, que trabajen en lugares limpios y seguros; que reciban un salario suficiente para los gastos de la familia y que, además, puedan gozar de vacaciones y aguinaldo. Asimismo, las y los trabajadores tienen derecho de formar sindicatos y de realizar huelgas para defender sus intereses.
La Constitución también toma en cuenta a las y los campesinos, por eso, hace ya muchos años en ellas se ordenó que se repartiera la tierra y que las y los campesinos trabajaran unidos en comunidades agrarias o ejidos.
Por la Constitución toda persona tiene derecho a la protección de la salud física y mental. Por eso se construyen y mantienen hospitales y clínicas púbicas. Además de ellos, como un derecho más de las y los mexicanos, existen guarderías para las y los niños, e instituciones de seguridad social que promueven que las y los trabajadores tengan una vivienda digna.
En la Constitución también hay leyes que protegen a las y los niños y jóvenes. Desde hace muchos años, la Constitución determina que todos tenemos derecho a recibir educación en escuelas gratuitas y laicas. En esas escuelas deben enseñar los descubrimientos de las ciencias y las bases de una convivencia democrática; asimismo, deben fomentar el aprecio hacia los recursos humanos, naturales y materiales con los que cuenta nuestra nación y el mundo.
De acuerdo con nuestra Constitución, las niñas, los niños y los jóvenes tienen derecho a estudiar, a jugar y a estar sanos. Por eso, nuestra Ley Suprema prohíbe que los menores de 14 años trabajen. ¿No te parece que todas estas leyes que hemos mencionado son muy importantes para que podamos vivir tranquilamente, sintiendo que otros nos respetan y que hay alguien que vigila nuestros derechos? En todos sus artículos, la Constitución menciona estos aspectos fundamentales que permiten a los individuos convivir en sociedad y a la sociedad misma existir en concordia. Debe ser un compromiso de todos cumplir y hacer cumplir las leyes para mejorar la calidad de nuestra vida.
Si ya tenemos todas estas leyes, ¿para qué sirve que se hagan otras nuevas?
En toda sociedad, las formas de pensar, actuar y organizarse cambian constantemente, por eso las leyes no pueden permanecer siempre iguales. Por ello, el trabajo del Poder Legislativo es fundamental, pues es el responsable de actualizar constantemente las leyes que nos rigen o crear nuevas, en correspondencia a las demandas de la sociedad, buscando siempre el bien común.
Por ejemplo, ¿te acuerdas de que antes, mucho antes, las mujeres no podían votar ni ser votadas? Como ya vimos anteriormente, tras largas luchas históricas, las mujeres ya tienen acceso a ese derecho.
Además de ese hecho histórico, desde 2019 se aprobó en nuestra Constitución que las mujeres deben de ser incluidas para contender en todos los cargos públicos en igualdad de número, esto es, se logró la Paridad entre Géneros, por lo que los partidos políticos deben, obligatoriamente, proponer el mismo número de mujeres y hombres como candidatas y candidatos a cargos públicos.
Derivado de lo anterior, actualmente, en el ámbito público, las mujeres ya tienen una significativa presencia en nuestro país ¿No te parece algo sensacional? Pues sí, es todo un logro por los derechos de las mujeres, puesto que existen innumerables mujeres preparadas, inteligentes, capaces, empáticas y aptas para desempeñar cualquier actividad en la que trabajen ¿No lo crees?
Otro ejemplo de gran relevancia, y que es mucho de tu interés, es el que, hasta hace pocos años, no solo en México sino en casi todo el mundo, las y los niños y jóvenes eran considerados como "inferiores" a los adultos. El sistema no protegía sus derechos ni tomaba en cuenta su necesidad de crecer plena, espontánea y libremente.
Aunque todavía muchísimas niñas y niños mexicanos tienen deficiente condiciones de vida y son víctimas del desamor y de la violencia dentro de la familia, de la explotación sexual, del abuso laboral, etcétera, lo cual obviamente influye negativamente en su salud, su rendimiento escolar, su crecimiento y su desarrollo físico, emocional e intelectual, todo ello no es derivado de una situación de pobreza, aunque ciertamente es un factor importante, no es la única causa de esta difícil situación. En muchos lugares, independientemente de su situación económica, se cree que, como las y los niños dependen de los adultos, estos tienen derecho de abusar de ellos; también se cree que por ser distintos (más pequeños o inquietos o menos expertos) son inferiores y se les puede maltratar.
Actualmente, en México -como en muchos países del mundo- contamos con una serie de leyes que protegen a las y los niños y a las y los jóvenes.
La Constitución ha prescrito claramente que el mismo valor tienen los derechos de la infancia y la adolescencia que los de los adultos. También está claro que toda niña, niño y adolescente debe gozar de sus derechos sin que importe su raza, color, sexo, idioma, religión, forma de pensar, origen (étnico, nacional o social) y posición económica. Tampoco deben hacerse diferencias con aquellos niños o niñas que padecen una discapacidad física.
Los derechos de las y los niños y adolescentes son numerosos: derecho a ser protegidos en su integridad y en su libertad; derecho contra el maltrato y el abuso sexual; derecho a la identidad, a vivir en familia, a la salud; a la educación, al descanso, al juego, al esparcimiento y a las actividades recreativas propias, a la libre participación en la cultura y en las artes, a la libertad de pensamiento, a tener una cultura propia y a manifestar su punto de vista acerca de todos los asuntos que los afecten y a que dicho parecer sea tomado en cuenta.
¿Lo ves? Si los artículos de la Constitución no pudieran ser modificados o si no pudieran crearse otras leyes o adecuarse a la realidad, todos estos derechos de las y los menores y de las mujeres, atendiendo los ejemplos anteriores, y así innumerables ejemplos, jamás habrían podido entrar a debate e incluso no existirían, lo cual estancaría los derechos del ser humano y de la sociedad. Sin embargo, no es así. Dada la posibilidad de modificar las leyes (de hacerlas crecer y adaptarse a los cambios del país y del mundo), hoy conocemos más nuestros derechos y podemos defenderlos con más firmeza que antes. Asimismo, también conocemos con mayor precisión nuestros deberes y obligaciones.
Para concluir, digamos que toda esta exposición es un ejemplo de esos cambios. Gracias al avance en materia de leyes, las y los niños y jóvenes mexicanos del siglo XXI tienen el derecho a saber cómo está organizado nuestro país y vivir con la seguridad de que existen leyes que protegen y promueven su bienestar.
